Encrucijada tributaria

Hernán Cheyre

Según se ha informado, habría disposición en el Gobierno para disminuir el impuesto de primera categoría de 27% a 25% , pero compensado por un aumento en la tasa de impuesto a la renta de las personas que reciben un ingreso mensual superior a los $ 6 millones. Ya hay bastante consenso en cuanto a que Chile ha venido perdiendo competitividad en materia de impuesto corporativo, ubicándose actualmente en la parte alta de la tabla entre los países miembros de la OCDE. Y si a esto se agrega el efecto que generan las exenciones y deducciones autorizadas, la tasa que efectivamente se paga en Chile termina siendo muy superior a la de los demás.

De hecho, en el ranking que anualmente elabora Tax Foundation, en la edición 2024 Chile figura en el lugar 36 de un total de 37 economías consideradas en la muestra por concepto de tributación a las empresas. Desde esta perspectiva, la propuesta de bajar la tasa de 27% a 25% es claramente insuficiente para lograr una mejora significativa en esta materia.

“Subir la tasa de impuesto a las rentas personales a quienes ganen más de $ 6 millones mensuales es discriminatorio. ¿Por qué hacer pagar el costo a solo 150 mil personas, cuando el 75% de los chilenos está en el tramo exento?”.

Es cierto que en las actuales circunstancias la restricción fiscal coloca un límite al grado en el que se puede avanzar, pero si se considera que las inversiones responden a decisiones que se adoptan con un horizonte de largo plazo, perfectamente se podría proponer una rebaja más sustantiva, pero estableciendo un calendario de ajuste gradual en el tiempo.

La segunda parte de la propuesta, que se refiere a subir la tasa de impuesto a las rentas personales para quienes ganen más de $ 6 millones mensuales, es claramente discriminadora, por dos razones. Primero, ¿por qué hacer pagar el costo de la reforma al impuesto corporativo a un universo de solo 150 mil personas, en circunstancias de que el 75%o de los chilenos se encuentra en el tramo exento del impuesto a la renta? Esto último constituye una llamativa anomalía en el marco de los países miembros de la OCDE, que en algún momento habrá que corregir.

Se suele argumentar que no habría piso político para ello, pero esa postura no es consistente con lo que el propio Gobierno está planteando en la reforma de pensiones, al proponer que parte de la cotización adicional de 6% -que se aplicaría a todos los niveles de ingreso- operaría bajo la lógica de un impuesto destinado a financiar la solidaridad del sistema. Sin perjuicio de los reparos que merece una propuesta de este tipo para financiar beneficios previsionales bajo la lógica del reparto, dicha iniciativa no es muy distinta a subir la tasa de impuesto en todos los tramos de la escala, la cual haría pleno sentido desde una perspectiva tributaria.

Y la segunda razón por la que se trata de una reforma discriminadora es porque al mismo tiempo que apunta a que la carga trubutaria a las rentas del capital baje de 44,5% a 39,5% -no se entiende por qué no a 35%, que es lo que pagan las empresas extranjeras-, para quienes solo reciben rentas del trabajo la tasa máxima terminaría siendo más alta. Pero el partido recién comienza, de manera que hay todavía mucho paño que cortar.